El grupo de trabajo económico-jurídico de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo se ha reunido para evaluar las consecuencias del apagón eléctrico que afectó a España el pasado 28 de abril y que paralizó la actividad en numerosas terminales portuarias del país.
Durante el encuentro, los representantes de las empresas analizaron el impacto económico que tuvo la interrupción del suministro eléctrico, con especial atención a los costes derivados de la paralización operativa, sobre todo en el caso de los contenedores reefer. Además, estudiaron las posibles vías de reclamación y la cobertura de las respectivas compañías aseguradoras, así como las medidas que cada terminal se vio obligada a tomar de manera urgente para mitigar las consecuencias del corte de energía.
Uno de los principales puntos tratados fue la falta de garantías del sistema eléctrico nacional, especialmente en un contexto en el que las empresas del sector portuario están realizando importantes inversiones para adaptarse a las exigencias de descarbonización del transporte marítimo. Y es que, como parte del proceso de transición ecológica, las terminales están optando por su electrificación, pero, por contra, no se les ofrece un suministro eléctrico fiable.
Los asistentes coincidieron en la necesidad de solicitar a las administraciones públicas explicaciones claras sobre las causas del apagón, así como información concreta sobre las medidas que se prevé adoptar para evitar que un suceso similar vuelva a repetirse.
Finalmente, el grupo evaluó el nivel de preparación actual de las terminales frente a posibles cortes de suministro futuros, concluyendo que es urgente establecer planes de contingencia más sólidos y mejorar la coordinación entre operadores portuarios y autoridades energéticas.