El pasado viernes 10 de noviembre, el secretario general de ANESCO, José Luis Romero, participó en la jornada que organizó Port de Barcelona y que sirvió para visibilizar la unión de puertos, navieras, estibadoras, operadores logísticos y cargadores frente a la directiva EU ETS (Emissions Trading System) que gravará las emisiones del transporte marítimo.
Durante el transcurso de la jornada, en la que también intervino el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, junto a los máximos responsables de diferentes puertos españoles e italianos, se puso de manifiesto la posición unánime de toda la comunidad portuaria respecto a la petición de moratoria para la entrada en vigor de esta directiva. Un acto al que también asistieron representantes de las compañías, socias de ANESCO, Best y Grimaldi.
Desde la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo se ha incidido en la necesidad de posponer su entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2024, ante el temor de que, huyendo del cumplimiento de esa normativa, una parte sustancial de los tráficos de transbordo se trasladen desde los puertos del sur de Europa hasta otros puertos extracomunitarios.
Los responsables de los diferentes actores afectados por esta normativa coincidieron en señalar que el ETS es un mecanismo válido para reducir las emisiones, pero tal y como se plantea, causará efectos muy negativos sobre la competitividad de los puertos y el empleo y para ello hay que reabrir el debate con todos los agentes implicados, analizar en profundidad los efectos de la normativa y repensar el modelo.
Reunión de FEPORT
Por otra parte, la Federación Europea de Operadores Portuarios y Terminales Privadas, FEPORT celebró el pasado 9 de noviembre una reunión en la que ANESCO trasladó también la necesidad de aprobar una moratoria a la entrada en vigor del ETS –Emissions Trading System-.
Durante el encuentro, en el que participó el secretario general, José Luis Romero, FEPORT tomó en consideración el argumento respaldado también por algunos Estados miembros que, como España, consideran necesario mitigar los efectos negativos que esta norma tendrá sobre los puertos del sur de Europa.